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Comunicado de Caritas Honduras
- Por Web Master
- Publicado 07/3/2009
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Comunicado completo
Antes de los acontecimientos del domingo 27, Cáritas ha venido animando la constitución de un grupo de reflexión que permita tener claridad sobre las causas que originan la situación critica del país, los apuntes siguientes son un importante insumo de discusión sobre el cual se elaborará una propuesta que se pretende sea respaldada por otras organizaciones sociales o personas a título personal.
Aspectos clave a considerar:
1. Los límites de la democracia electoral y la ausencia de democracia política, económica y social. Este factor caracteriza todo el período de transición a la democracia (1982-2009) y, en rigor, debiera hacernos pensar en que el proceso iniciado en 1982 no fue en realidad una transición a la democracia, sino una restauración tardía del bipartidismo, interrumpido primero en 1936, y luego en 1963.
2. La falta de consenso social y político. Lo más evidente, especialmente cuando se habla de “proyectos” de nación o de país, o cuando se discute sobre cambios sustantivos en diversos órdenes, es la profunda división de la sociedad hondureña, cuyos componentes tienden a reflejar, y también a comportarse, como los antiguos gremios coloniales: más al acecho de las prebendas que puedan obtener del soberano que de acciones políticas concertadas que los integren socialmente. Esto también marca la falta de rumbo del país en sus diversos órdenes.
3. La falta de capacidad gerencial de la clase política, tanto en el ámbito administrativo del Estado como en la dimensión política de la sociedad. La ineficacia y la ineficiencia de la clase política conducen a la inestabilidad y fortalecen el contexto para el estancamiento del desarrollo económico y social. Los mecanismos de reproducción de esta clase política sólo conducen a más de lo mismo, por lo que el anacronismo y la irracionalidad continuarán vigente por su medio.
4. El anacronismo de las leyes electorales y del sistema de partidos políticos. Este factor debilita los mecanismos propios de la democracia y erosiona la legitimidad del poder constituido, debilitando así el conjunto del Estado de Derecho y de la democracia electoral. El sistema electoral vigente está hecho para que gobierne una minoría de notables, que sustentan la democracia electoral actual y establecen los límites de dicha modalidad, de donde derivan o debieran derivar los nuevos retos para la democracia (Ej: pasar de la democracia electoral a la democracia política, social y económica, según los principios de un republicanismo más abierto y pluralista).
5. La falta de institucionalidad y de Estado. Después de 27 años de democracia electoral queda al descubierto una institucionalidad débil y anacrónica, que ni siquiera satisface a todos los miembros de la elite que administra esta modalidad. La falta de institucionalidad produce a su vez la falta de Estado, o de más Estado (ausencia de políticas sociales auténticas y de mecanismos de redistribución de los bienes y recursos nacionales para facilitar procesos de equidad y de cambio social).
6. La pérdida de legitimidad democrática. Este gobierno, como los anteriores, han hecho contribuciones importantes al deterioro de la legitimidad democrática, cuya consecuencia principal es la distorsión o violación permanente de la Constitución de la República (fuente principal de la legitimidad), de los mecanismos democráticos (plebiscito y referéndum) y el abandono de las expectativas populares para identificarse exclusivamente con los intereses privados de la elite que administra los mecanismos de la democracia electoral, del Estado y del mercado.
7. El cinismo político y la demagogia populista. Hablar de una “refundación constitucional”, como se ha hecho en algunos países sudamericanos y recientemente también en Honduras (proclama del COPIN en un plantón reciente ante el Ministerio Público, discursos presidenciales, etc.), por parte de los mismos que han torcido la Constitución, los mecanismos democráticos y la función del Estado, es un acto de cinismo y de demagogia política que deja al descubierto la distorsión moral y ética de la clase política gobernante, del sistema de partidos políticos y de algunos sectores sociales que fundamentan sus acciones en el oportunismo político. Esto mismo les descalifica para ser aceptados como conductores legítimos o válidos de un proceso verdadero de “refundación constitucional”.
8. La falta de definición del interés nacional. La fragmentación social y política se debe, en gran medida, a la ausencia de una definición precisa del interés nacional, factor de cohesión y, además, la única plataforma desde la que se puede responder a los grandes retos que el país tiene en el presente y de cara al futuro. Esta ausencia se debe a la concepción que ha prevalecido en la clase política y en el sistema de partidos políticos respecto del Estado, que desde su perspectiva es concebido como un Estado patrimonial administrado para el beneficio exclusivo de determinados grupos de poder y de familias que lo detentan de forma hereditaria (al hijo de Jorge Arturo Reina lo nombraron recientemente como presidente del TSE, sin mayores explicaciones). Así, las principales instancias de conducción del Estado están en manos de estos herederos, que en pocas ocasiones reúnen los requisitos para administrar el Estado y sus instituciones de manera apropiada.
9. La falta de inteligencia política en el manejo del tema de la “refundación constitucional” o “cuarta urna”. Es evidente que el mal manejo de este tema (algunos alaban la manipulación oficial al respecto, pero el resultado es crisis política, división y ausencia de consenso, situación que ahora reclama inteligencia política) refleja la única experiencia acumulada desde 1982 por la modalidad que conocemos como “democracia electoral”. Los únicos que demuestran saber algo de Derecho y del funcionamiento del Estado de Derecho es un reducido grupo de viejos notables (incluyendo a algunos del oficialismo), mientras que otros abogados y profesionales demuestran una total ignorancia de la Constitución y demás leyes que rigen el país (incluso de las más elementales). Esto explica que, en la mayoría de los casos, en esta discusión ha habido más pasión política que doctrina jurídica y ciencia política. El colmo de la irracionalidad es que los mismos que demuestran ignorancia —o absoluto irrespeto— ante los mecanismos del Estado de Derecho y de sus leyes fundamentales aspiran a un voto de confianza para liderar el proceso de “refundación constitucional”, con las nefastas consecuencias que de ello podrían derivarse. Los ausentes más grandes en esta discusión han sido el pueblo hondureño (¿no dice la doctrina jurídica que sustenta la democracia que el pueblo es la única fuente de poder y que las minorías deben obedecerle?) y por tanto el bien común, así como el interés nacional de Honduras. Esto nos obliga a preguntarnos si el debate alrededor de la cuarta urna hubiese sido posible sin las alianzas recientes del presidente Zelaya con los países de la ALBA, y sin las causas externas con las que él dice simpatizar, que antes estuvieron fuera de la agenda de Honduras.
10. Esta crisis política es una manifestación anticipada de una crisis más profunda del bipartidismo gobernante, o un intento para regenerar la democracia electoral y así posponer la obligada discusión sobre la necesidad de pasar de la democracia electoral a la democracia política, económica y social (que debiera ser el siguiente paso lógico en el curso de los procesos iniciados en 1982). Esta crisis responde, además, al proceso de descomposición social en que hemos vivido en los últimos años bajo la conducción del neoliberalismo. La irracionalidad política, económica y social nos ha gobernado en este tiempo, por lo que la crisis política y el debate sobre la “refundación constitucional” tienden a reflejar esta misma irracionalidad y la falta de inteligencia política de la elite gobernante y del sistema de partidos políticos. El desangramiento de Honduras se produce en todos los órdenes: violencia social, reducción del potencial económico, disminución de los recursos financieros del Estado, ausencia de pensamiento y de paradigma social, carencia de energía social y de propuesta para impulsar procesos de cambio desde abajo, falta de liderazgo político y social, disminución de las reservas éticas y morales de la sociedad, falta de inteligencia política. Este panorama global, en donde las partes son percibidas como integrantes de un todo e integradas en un todo, es lo que debiera motivar nuestra reflexión, más allá del debate sobre la “refundación constitucional” que, en el fondo, es sólo una pequeña dosis de un estupefaciente que al principio produce alucinación, después exaltación y delirio, y luego depresión: ¿Cuántas nuevas dosis del mismo producto, o de otros, que todavía no conocemos, se nos tendrán reservadas para prolongar la crisis y la descomposición social y política en la que vivimos?...
Aspectos clave a considerar:
1. Los límites de la democracia electoral y la ausencia de democracia política, económica y social. Este factor caracteriza todo el período de transición a la democracia (1982-2009) y, en rigor, debiera hacernos pensar en que el proceso iniciado en 1982 no fue en realidad una transición a la democracia, sino una restauración tardía del bipartidismo, interrumpido primero en 1936, y luego en 1963.
2. La falta de consenso social y político. Lo más evidente, especialmente cuando se habla de “proyectos” de nación o de país, o cuando se discute sobre cambios sustantivos en diversos órdenes, es la profunda división de la sociedad hondureña, cuyos componentes tienden a reflejar, y también a comportarse, como los antiguos gremios coloniales: más al acecho de las prebendas que puedan obtener del soberano que de acciones políticas concertadas que los integren socialmente. Esto también marca la falta de rumbo del país en sus diversos órdenes.
3. La falta de capacidad gerencial de la clase política, tanto en el ámbito administrativo del Estado como en la dimensión política de la sociedad. La ineficacia y la ineficiencia de la clase política conducen a la inestabilidad y fortalecen el contexto para el estancamiento del desarrollo económico y social. Los mecanismos de reproducción de esta clase política sólo conducen a más de lo mismo, por lo que el anacronismo y la irracionalidad continuarán vigente por su medio.
4. El anacronismo de las leyes electorales y del sistema de partidos políticos. Este factor debilita los mecanismos propios de la democracia y erosiona la legitimidad del poder constituido, debilitando así el conjunto del Estado de Derecho y de la democracia electoral. El sistema electoral vigente está hecho para que gobierne una minoría de notables, que sustentan la democracia electoral actual y establecen los límites de dicha modalidad, de donde derivan o debieran derivar los nuevos retos para la democracia (Ej: pasar de la democracia electoral a la democracia política, social y económica, según los principios de un republicanismo más abierto y pluralista).
5. La falta de institucionalidad y de Estado. Después de 27 años de democracia electoral queda al descubierto una institucionalidad débil y anacrónica, que ni siquiera satisface a todos los miembros de la elite que administra esta modalidad. La falta de institucionalidad produce a su vez la falta de Estado, o de más Estado (ausencia de políticas sociales auténticas y de mecanismos de redistribución de los bienes y recursos nacionales para facilitar procesos de equidad y de cambio social).
6. La pérdida de legitimidad democrática. Este gobierno, como los anteriores, han hecho contribuciones importantes al deterioro de la legitimidad democrática, cuya consecuencia principal es la distorsión o violación permanente de la Constitución de la República (fuente principal de la legitimidad), de los mecanismos democráticos (plebiscito y referéndum) y el abandono de las expectativas populares para identificarse exclusivamente con los intereses privados de la elite que administra los mecanismos de la democracia electoral, del Estado y del mercado.
7. El cinismo político y la demagogia populista. Hablar de una “refundación constitucional”, como se ha hecho en algunos países sudamericanos y recientemente también en Honduras (proclama del COPIN en un plantón reciente ante el Ministerio Público, discursos presidenciales, etc.), por parte de los mismos que han torcido la Constitución, los mecanismos democráticos y la función del Estado, es un acto de cinismo y de demagogia política que deja al descubierto la distorsión moral y ética de la clase política gobernante, del sistema de partidos políticos y de algunos sectores sociales que fundamentan sus acciones en el oportunismo político. Esto mismo les descalifica para ser aceptados como conductores legítimos o válidos de un proceso verdadero de “refundación constitucional”.
8. La falta de definición del interés nacional. La fragmentación social y política se debe, en gran medida, a la ausencia de una definición precisa del interés nacional, factor de cohesión y, además, la única plataforma desde la que se puede responder a los grandes retos que el país tiene en el presente y de cara al futuro. Esta ausencia se debe a la concepción que ha prevalecido en la clase política y en el sistema de partidos políticos respecto del Estado, que desde su perspectiva es concebido como un Estado patrimonial administrado para el beneficio exclusivo de determinados grupos de poder y de familias que lo detentan de forma hereditaria (al hijo de Jorge Arturo Reina lo nombraron recientemente como presidente del TSE, sin mayores explicaciones). Así, las principales instancias de conducción del Estado están en manos de estos herederos, que en pocas ocasiones reúnen los requisitos para administrar el Estado y sus instituciones de manera apropiada.
9. La falta de inteligencia política en el manejo del tema de la “refundación constitucional” o “cuarta urna”. Es evidente que el mal manejo de este tema (algunos alaban la manipulación oficial al respecto, pero el resultado es crisis política, división y ausencia de consenso, situación que ahora reclama inteligencia política) refleja la única experiencia acumulada desde 1982 por la modalidad que conocemos como “democracia electoral”. Los únicos que demuestran saber algo de Derecho y del funcionamiento del Estado de Derecho es un reducido grupo de viejos notables (incluyendo a algunos del oficialismo), mientras que otros abogados y profesionales demuestran una total ignorancia de la Constitución y demás leyes que rigen el país (incluso de las más elementales). Esto explica que, en la mayoría de los casos, en esta discusión ha habido más pasión política que doctrina jurídica y ciencia política. El colmo de la irracionalidad es que los mismos que demuestran ignorancia —o absoluto irrespeto— ante los mecanismos del Estado de Derecho y de sus leyes fundamentales aspiran a un voto de confianza para liderar el proceso de “refundación constitucional”, con las nefastas consecuencias que de ello podrían derivarse. Los ausentes más grandes en esta discusión han sido el pueblo hondureño (¿no dice la doctrina jurídica que sustenta la democracia que el pueblo es la única fuente de poder y que las minorías deben obedecerle?) y por tanto el bien común, así como el interés nacional de Honduras. Esto nos obliga a preguntarnos si el debate alrededor de la cuarta urna hubiese sido posible sin las alianzas recientes del presidente Zelaya con los países de la ALBA, y sin las causas externas con las que él dice simpatizar, que antes estuvieron fuera de la agenda de Honduras.
10. Esta crisis política es una manifestación anticipada de una crisis más profunda del bipartidismo gobernante, o un intento para regenerar la democracia electoral y así posponer la obligada discusión sobre la necesidad de pasar de la democracia electoral a la democracia política, económica y social (que debiera ser el siguiente paso lógico en el curso de los procesos iniciados en 1982). Esta crisis responde, además, al proceso de descomposición social en que hemos vivido en los últimos años bajo la conducción del neoliberalismo. La irracionalidad política, económica y social nos ha gobernado en este tiempo, por lo que la crisis política y el debate sobre la “refundación constitucional” tienden a reflejar esta misma irracionalidad y la falta de inteligencia política de la elite gobernante y del sistema de partidos políticos. El desangramiento de Honduras se produce en todos los órdenes: violencia social, reducción del potencial económico, disminución de los recursos financieros del Estado, ausencia de pensamiento y de paradigma social, carencia de energía social y de propuesta para impulsar procesos de cambio desde abajo, falta de liderazgo político y social, disminución de las reservas éticas y morales de la sociedad, falta de inteligencia política. Este panorama global, en donde las partes son percibidas como integrantes de un todo e integradas en un todo, es lo que debiera motivar nuestra reflexión, más allá del debate sobre la “refundación constitucional” que, en el fondo, es sólo una pequeña dosis de un estupefaciente que al principio produce alucinación, después exaltación y delirio, y luego depresión: ¿Cuántas nuevas dosis del mismo producto, o de otros, que todavía no conocemos, se nos tendrán reservadas para prolongar la crisis y la descomposición social y política en la que vivimos?...
